Tres semanas de incertidumbre, de pasar el mismo calor en las calles que en las aulas, y de trabajar, si cabe, más aún. Porque el profesorado de todo el país está trabajando estos 15 días de valiente, sacrificando su pá, para ganar el futuro de todas. Sus voces son claras: cansancio, impotencia, pero sobre todo rabia y valentía, y el resto los miramos con un agradecimiento absoluto y los acompañamos para sacrificarse individualmente para ganar la colectividad. También estamos como madres y nos es imposible no sentir una mezcla de tranquilidad y rabia cuando dejamos cada mañana a nuestros hijos e hijas en la escuela pública. Tranquilidad porque sabemos que hay docentes que sostienen, con una dedicación infinita, la educación de nuestros chicos y chiquitas. Y rabia porque, mientras ellos y ellas lo dan todo, las administraciones, y especialmente el Partido Popular, hace años que abandonan los centros educativos públicos.

En El Campello no hablamos de un problema puntual. Hablamos de una dejadez estructural que afecta desde los cuatro colegios de Primaria hasta los dos institutos públicos, que aunque se mantengan en el discurso de que son responsabilidad de la Generalitat, asumen los gastos de conservación, mantenimiento ordinario, limpieza y reparaciones menores del día a día. Hablamos de chiquillos y chiquillas dando clase a temperaturas insufribles, sin una climatización digna, en aulas que se convierten en hornos cada vez que llega el calor. Hablamos de patios sin sombras, espacios que deberían ser lugares de convivencia y juego pero que acaban siendo impracticables durante meses. Hablamos también de barreras de accesibilidad que siguen existiendo en pleno 2026, y dificultan la vida del alumnado y las familias con necesidades especiales.

Y mientras todo esto ocurre, el discurso del PP sigue lleno de grandes titulares, pero vacío de soluciones reales. Porque cuidar la educación pública no es hacerse fotos, es invertir, planificar y mantener los centros en condiciones dignas durante todo el año.

La situación de los institutos es aún más grave. El IES Enric Valor acumula problemas prácticamente en la totalidad de sus instalaciones. Deficiencias estructurales, espacios inadecuados y una falta de mantenimiento que no es nueva ni accidental: es la consecuencia directa de años de abandono institucional. Y lo mismo ocurre con el IES Clot de l'Illot, donde las necesidades siguen creciendo mientras las inversiones llegan tarde, mal o simplemente no llegan.

Mientras tanto, docentes, equipos directivos y familias hacen auténticos mimbres para sostener un sistema que la administración ha decidido dejar en segundo plano. Son los profesionales de la educación quienes soportan ratios excesivas, burocracia absurda, bajas sin cubrir y unas condiciones laborales que hace tiempo que superaron el límite de la dignidad. Y aún así siguen educando, acompañando y cuidando lo más valioso que tenemos: el futuro.

Pero cuando se trata de la educación pública siempre aparecen excusas, recortes o promesas incumplidas. Como si nos hubiéramos acostumbrado a normalizar que nuestros hijos e hijas estudian en centros deteriorados, con calor extremo o sin recursos suficientes.

Y aún más grave es ver cómo, mientras la pública cae a trozos, el gobierno valenciano sigue destinando dinero público a determinados centros concertados que, tal y como denuncia Compromís, siguen discriminando por sexo. Es incomprensible que la administración pública subvenciona con dinero de todas y todos modelos educativos que segregan chiquillos y chiquillas, mientras los centros públicos deben mendicar recursos básicos como climatización, sombras o accesibilidad. La prioridad debería ser reforzar una educación pública inclusiva, igualitaria y de calidad, no perpetuar privilegios ideológicos con dinero público.

Lo más grave es que estas carencias no son neutras. Afectan directamente a la calidad educativa, a la salud física y emocional de la comunidad educativa y también a la igualdad de oportunidades. Porque quien puede pagar alternativas privadas siempre tendrá más opciones, pero quien defiende la pública sabe que una educación digna debería ser un derecho garantizado, no una lotería dependiente del barrio o del presupuesto municipal.

Defender la educación pública no es una cuestión ideológica menor. Es defender la cohesión social, la igualdad y el futuro de un pueblo. Y precisamente por eso es tan grave la desidia del Partido Popular con los centros educativos de El Campello. Porque cuando no se climatizan escuelas, cuando no se construyen sombras, cuando no se arreglan institutos o no se garantiza la accesibilidad, no se está ahorrando: se está decidiendo qué importancia tiene la educación pública para quien gobierna.

Y la realidad es evidente: para el PP, demasiado a menudo, la educación pública ha sido más un gasto que una prioridad.

Por eso hay que seguir alzando la voz. Por las familias. Por el profesorado. Pero sobre todo por los chiquillos y chiquillas que merecen crecer y aprender en espacios dignos, seguros y humanos. Porque una sociedad que abandona sus escuelas está abandonando también su futuro.